Mientras Fusagasugá necesita proyectos, inversión y soluciones, la actual Administración decidió acudir a los estrados judiciales para intentar tumbar el Acuerdo Municipal de Obras por Impuestos, una herramienta creada en 2022 para permitir que recursos privados se transformaran en obras de beneficio para la comunidad.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir como coadyuvante en defensa del acuerdo al abogado Jairo Andrés Quevedo Lozano, profesional que lideró la estructuración jurídica de este innovador modelo y quien elaboró tanto el proyecto de acuerdo como el decreto que reglamentó su funcionamiento.
En su intervención ante el Tribunal, Quevedo sostiene que el mecanismo fue construido con estricto apego a la Constitución, la ley y la autonomía territorial de los municipios, respaldado por normas nacionales, conceptos del Ministerio de Hacienda y jurisprudencia del Consejo de Estado.
La decisión del Tribunal representa un importante respaldo para que la defensa del acuerdo cuente con la participación de quien conoce desde su origen esta figura jurídica.
La gran pregunta que hoy se hacen muchos fusagasugueños es: ¿por qué la Administración Municipal pretende desmontar una herramienta creada para impulsar el desarrollo del municipio? ¿A quién beneficia frenar un mecanismo que buscaba convertir impuestos en obras para la comunidad?
Mientras la Alcaldía insiste en llevar este acuerdo a los tribunales, ahora será la justicia la que determine si esta herramienta pionera continuará vigente.
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